Chihuahua a 19 de febrero.- La reciente reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) ha encendido las alarmas de la oposición y de analistas que ven en ella una reedición de los viejos esquemas en los que el dinero de los trabajadores ha sido utilizado como fuente de financiamiento para proyectos poco claros.
El periodista Ángel Bocanegra, en su artículo “INFONAVIT, historia de saqueos”, expone cómo el instituto ha sido a lo largo del tiempo más un mecanismo de negocios y corrupción que una verdadera herramienta para garantizar el derecho constitucional a la vivienda. Ahora, con la administración de Claudia Sheinbaum, la meta es construir un millón de casas, pero con el riesgo de que los trabajadores sean nuevamente los que terminen pagando los costos de una estrategia financiera incierta.
El INFONAVIT y sus sombras históricas
Bocanegra señala que, lejos de proteger a los trabajadores, el INFONAVIT ha operado en complicidad con desarrolladoras inmobiliarias, condicionando a los derechohabientes a adquirir viviendas de mala calidad, con dimensiones reducidas y ubicaciones alejadas o poco conectadas. Todo ello con la anuencia de legisladores y líderes sindicales que, en distintas reformas, han permitido que el costo de la corrupción termine en los bolsillos de los trabajadores.
Uno de los cambios más cuestionables ocurrió en 1987, cuando los créditos dejaron de otorgarse en pesos y pasaron a calcularse en veces salario mínimo (VSM). Este esquema generó una carga impagable para los derechohabientes, pues las mensualidades aumentaban cada año conforme al ajuste salarial, llevando a muchos a pagar hasta cinco veces el monto original del préstamo.
En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se intentó corregir este modelo con el programa “Responsabilidad Compartida”, que permitió convertir los créditos a pesos, evitando así los aumentos anuales por inflación. Sin embargo, la mayoría de los préstamos vigentes en 2019 aún estaban sujetos a VSM, representando el 70% de la cartera del INFONAVIT, según datos del entonces director Carlos Martínez.
Corrupción e intereses ocultos
Otro de los aspectos más preocupantes expuestos en el análisis de Bocanegra es la corrupción dentro del INFONAVIT, que ha involucrado a funcionarios, notarios, jueces, despachos de abogados y empresas de cobranza, todos operando en esquemas de despojo de viviendas a trabajadores con atrasos en sus pagos.
Casos emblemáticos, como el pago de 5 mil millones de pesos a la empresa Telra Realty durante la gestión de David Penchyna, muestran cómo el instituto ha servido como una caja chica para beneficiar a ciertos grupos. Este contrato, firmado durante la dirección de Alejandro Murat, es apenas un ejemplo de las redes de interés que han drenado los recursos destinados a la vivienda de los trabajadores.
El nuevo reto con Sheinbaum: ¿Un cambio o más de lo mismo?
Ahora, el nuevo gobierno plantea un plan ambicioso: utilizar 2.4 billones de pesos del INFONAVIT para financiar la construcción de un millón de viviendas. La oposición ha señalado que esta estrategia puede representar un nuevo riesgo de saqueo, bajo el argumento de que no existen reglas claras sobre cómo se usará el dinero ni garantías de que los trabajadores no serán nuevamente los que absorban las pérdidas.
El historial del instituto deja dudas sobre si esta nueva política realmente beneficiará a quienes buscan una casa digna o si, como en el pasado, terminará sirviendo a los intereses de unos cuantos. Lo cierto es que la historia del INFONAVIT está marcada por el abuso y el desvío de recursos, y los trabajadores han sido siempre los más afectados.
La gran pregunta es si la administración de Sheinbaum logrará romper con este ciclo o si, como ha ocurrido en otras ocasiones, las promesas de vivienda digna terminarán convertidas en otro episodio de saqueo institucional.